Durante el mes de junio de 2025, el Tribunal Supremo ha emitido diversas sentencias que consolidan importantes criterios jurídicos en materia laboral y administrativa. Estas resoluciones clarifican derechos fundamentales de los trabajadores y refuerzan la exigencia del cumplimiento de procedimientos previos en reclamaciones contra organismos públicos, impactando directamente en la actuación de profesionales, empresas y administraciones.
Pago de intereses automáticos del 10 % por salarios impagados: doctrina del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha confirmado en junio de 2025 que las empresas deben abonar un interés moratorio automático del 10 % anual por el retraso en el pago de salarios, en aplicación directa del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.
El caso se originó a raíz de una demanda de varios trabajadores del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), que reclamaban el abono de salarios pendientes junto con los intereses legales. El Tribunal condenó al centro al pago de 273 924 euros, que incluyen tanto las cantidades adeudadas como los intereses generados por el retraso.
La sentencia aclara que este interés tiene carácter automático y obligatorio, sin necesidad de que el trabajador acredite ningún daño. Su finalidad es garantizar la puntualidad en el pago de los salarios y proteger a los trabajadores frente a incumplimientos empresariales.
Teletrabajadores pueden litigar en su lugar habitual de trabajo
El Tribunal Supremo ha establecido que los trabajadores que realizan sus funciones en modalidad de teletrabajo tienen derecho a presentar demandas laborales en los juzgados correspondientes al lugar donde efectivamente desarrollaron su actividad. Esta decisión supone un reconocimiento explícito de la realidad del trabajo a distancia, en la que el domicilio o el lugar habitual de trabajo puede diferir de la sede social o contractual de la empresa.
Responsabilidad de la administración y de las aseguradoras: importancia de agotar la vía administrativa
Finalmente, el Tribunal Supremo ha recordado que no es posible acudir directamente a la jurisdicción civil para reclamar daños cuando el responsable es un organismo público, sin haber presentado previamente la correspondiente reclamación administrativa. Este criterio refuerza la exigencia de respetar los procedimientos administrativos previos, como paso imprescindible antes de acudir a los tribunales civiles en casos de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Una jurisprudencia de mayor seguridad jurídica y protección de derechos
Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en junio de 2025 reflejan un esfuerzo claro por adaptar la justicia a las nuevas realidades laborales y administrativas. La protección reforzada de los derechos de los trabajadores, junto con la necesidad de respetar estrictamente los procesos administrativos, configuran un marco jurídico más sólido y previsible.
Para empresas, trabajadores y organismos públicos, estas resoluciones suponen un llamado a la diligencia y al cumplimiento riguroso de sus obligaciones, evitando riesgos legales y favoreciendo una convivencia laboral y administrativa basada en la legalidad y la justicia.