Actualmente, la legislación española establece que la indemnización por despido improcedente es de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Esta cuantía es una reducción importante frente al sistema anterior (45 días por año), aprobado tras la reforma laboral de 2012.
Sin embargo, el Consejo de Europa ha señalado que este importe no siempre compensa el daño real sufrido por el trabajador y que no desincentiva suficientemente a los empleadores a despedir sin justa causa.
Problemática específica para trabajadores temporales
Los trabajadores temporales reciben indemnizaciones menores, que pueden equivaler a 12 días por año trabajado, lo que representa menos de la mitad que los fijos. Además, un 25% de los contratos temporales en España se formalizan en fraude de ley, pero la legislación vigente no facilita la readmisión ni la reparación completa en estos casos.
Recomendaciones del Consejo de Europa
En su resolución de junio de 2025, el Consejo de Europa insta a España a:
- Incrementar la indemnización mínima por despido improcedente para que refleje el daño real y sirva como mecanismo disuasorio.
- Garantizar la posibilidad de readmisión para casos de despido nulo o fraudulento, especialmente para contratos temporales.
- Simplificar el proceso judicial para facilitar el acceso a la justicia laboral y evitar retrasos que perjudican al trabajador.
Impacto y perspectivas de reforma
De acuerdo con expertos laborales y sindicatos, la adaptación a estas recomendaciones podría aumentar el coste de los despidos para las empresas en un 30-40%, afectando especialmente a sectores con alta temporalidad.
El Gobierno ha anunciado que revisará la normativa antes de finales de 2025, con la intención de presentar una reforma laboral en 2026 que atienda estas demandas internacionales y mejore la protección de los trabajadores.
Implicaciones para trabajadores y empresas
Para los trabajadores, la reforma significaría mayor seguridad y compensaciones más justas, mientras que para las empresas implicaría un aumento en los costes de finalización de contratos y una mayor responsabilidad legal.