La Unión Europea trabaja en un nuevo Reglamento contra la morosidad, que solvente las deficiencias de la actual Directiva. En particular, la falta de medidas preventivas y de aplicación efectiva, así como de mecanismos de reparación fácilmente accesibles para las pymes. Sin ello, se obstaculizaba su correcta aplicación y el logro de sus objetivos: la necesidad de promover la estabilidad económica, proteger a los proveedores y pequeñas empresas, estimular la inversión y el crecimiento económico, mejorar la competitividad y fortalecer la confianza en el sistema financiero de toda la UE.
En el mismo se establece que el plazo máximo de pago a proveedores se reducirá a 30 días naturales, en lugar de los 60 días permitidos hasta la fecha. Esta medida tiene como objetivo combatir la morosidad en las operaciones comerciales y promover la competitividad de las empresas.
El Reglamento, que será de aplicación inmediata en toda la legislación nacional, busca proteger a las pymes y garantizar que los intereses de demora sean automáticos y obligatorios hasta el abono de la deuda. Además, se establecen sanciones para aquellos que no cumplan con las disposiciones del Reglamento.
Así mismo, se luchará contra las prácticas abusivas de los procedimientos de verificación o aceptación, las cuales no podrán ir más allá del plazo establecido de 30 días. Así como retrasar o impedir intencionadamente el momento del envío de la factura.
